El Gobierno ha iniciado un proceso de reconfiguración de la integración de la Sala I de la Cámara Federal Penal, un hecho que no pasa desapercibido dada la relevancia de los casos que deberán ser resueltos en este tribunal. Dicha sala actúa como un filtro crucial en investigaciones de posible corrupción vinculadas a funcionarios públicos, lo que hace que la elección de sus integrantes sea de alta importancia.
En este contexto, se deben resolver temas como la investigación sobre el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA y el posible favorecimiento de ciertos empresarios en la adquisición de vacunas contra el Covid-19, entre otros casos de interés público. Actualmente, hay dos cargos vacantes debido a una resolución de la Corte Suprema que determinó que los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes fueron trasladados, deben ser reemplazados por magistrados que hayan concursado para esos puestos con la intervención del Consejo de la Magistratura.
Sin embargo, el proceso de selección ha levantado suspicacias. El Consejo de la Magistratura ha sido acusado de aplicar de manera selectiva el fallo de la Corte, ya que existen otros jueces en situaciones similares que no han sido considerados para el reemplazo. Tras el concurso, el Poder Ejecutivo ha seleccionado a Pablo Yadarola, actual juez del fuero Penal Económico, y a Bertuzzi, quien se postuló para continuar en su cargo.
La elección de Yadarola ha suscitado controversia, dado que ocupó el 16° puesto en el concurso de oposición. Además, su desempeño en una causa relacionada con el contrabando de 15 bultos, que ha estado estancada desde abril de 2025, ha generado dudas sobre su idoneidad. Se cuestiona si su promoción está influenciada por su cercanía con el ministro Juan Bautista Mahiques y su familia, lo que podría comprometer la independencia del tribunal en casos de corrupción.
Por otro lado, el juez Martín Irurzun también dejará su puesto al alcanzar el límite de edad de 75 años. A pesar de su deseo de continuar, el Poder Ejecutivo ha decidido no renovarle el cargo, lo que ha generado preocupación sobre la calidad de la próxima designación, dado que Irurzun era considerado un juez con una probada independencia.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ha expresado su preocupación por la idoneidad de los magistrados que pronto serán designados, citando irregularidades en los concursos del Consejo de la Magistratura. La situación requiere un análisis exhaustivo por parte del Senado sobre los pliegos de los jueces propuestos.
Fuente: La Nación
