El juez federal Martín Cormick ha emitido un fallo a favor de la Universidad de Buenos Aires (UBA), obligando al Gobierno a cumplir de manera inmediata con el financiamiento estipulado en la Ley de Financiamiento Universitario.
Este dictamen proviene del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 y responde a una demanda presentada por la UBA contra el Decreto 759/2025, que suspendió la aplicación de la Ley 27.795 hasta que el Congreso decidiera su financiamiento, lo que la universidad consideró como «un fraude constitucional».
El juez Cormick argumentó que, tras el rechazo del veto presidencial por parte del Congreso, el Ejecutivo está obligado a implementar la ley, ya que el proceso legislativo «no admitía variantes suspensivas». Además, advirtió que el incumplimiento de la normativa ocasionaría «perjuicios graves de imposible reparación ulterior» para los afectados por el deterioro de sus ingresos.
Asimismo, el juez destacó que la cautelar no vulnera el interés público y subrayó que «la falta de cumplimiento de la ley impactaría en el derecho a enseñar y aprender» garantizado por la Constitución Nacional. El impacto fiscal estimado de esta medida corresponde a un 0,23% del PBI, una cifra que el magistrado consideró como un ahorro poco significativo para el presupuesto general del Estado.
Con este fallo, se ordena al Gobierno cumplir de forma inmediata con los artículos 4, 5, 6 y 7 de la Ley 27.795. Esta decisión se enmarca dentro de una demanda presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional, que busca que el Ejecutivo respete el acuerdo firmado el 10 de junio, donde se comprometió a transferir los fondos necesarios para un aumento salarial del 24,33% a las universidades nacionales.
A pesar de que el Gobierno había indicado que la firma de este acuerdo anularía una cautelar solicitada previamente, el juez Cormick no aceptó el pedido, argumentando que el Estado Nacional no ha podido demostrar que los acuerdos generen un impacto positivo respecto a los graves perjuicios que sufre el colectivo afectado, incluyendo el deterioro de sus ingresos y la pérdida salarial.
Fuente: NA
