La Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego ha intimado al gobernador Gustavo Melella a presentar en un plazo de 15 días hábiles un informe detallado sobre las autorizaciones y controles relacionados con el petrolero VS Promise, que está registrado en la Isla de Man.
Este requerimiento, formalizado a través de la Nota F.E. 251/26, abre un proceso de control sobre la gestión provincial en los puertos de Río Cullen y Ushuaia. El fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, firmó la solicitud en el marco del expediente F.E. 48/26, que se inició tras una denuncia sobre la presencia de este buque de bandera británica.
El organismo estatal ha solicitado una serie de documentos que incluyen expedientes físicos y digitales, resoluciones, actas y correos electrónicos. Cabe destacar que esta intimación no implica una imputación penal, sino que es una acción administrativa destinada a verificar la legalidad de las actuaciones de los funcionarios y áreas del Poder Ejecutivo.
Entre los cinco ejes que abarca la intimación, se exige la entrega de registros históricos y actuales de amarre y operaciones del VS Promise en Ushuaia y en la monoboya Hidra de Río Cullen. Asimismo, se requiere información sobre las consultas previas realizadas por agencias marítimas y organismos nacionales, así como cualquier autorización o “no objeción” provincial.
Además, la Fiscalía demanda la identificación de los funcionarios involucrados y la remisión de actas de inspección y protocolos de cruce de datos con la Prefectura Naval. La situación se complica por la controversia generada entre la administración provincial y nacional respecto a la responsabilidad del amarre del buque.
Melella había repudiado públicamente la presencia del tanquero en Ushuaia, señalando a la administración nacional como responsable, mientras que la Casa Rosada argumentó que la provincia había estado al tanto y había avalado las operaciones en Río Cullen. El Ejecutivo fueguino negó haber tenido acceso a la documentación del buque, aunque admitió que inspectores provinciales habían supervisado la carga de crudo.
Las competencias sobre las operaciones de los buques en estas localizaciones son diferentes, lo que añade una capa de complejidad al asunto. La escala del 24 de agosto en Ushuaia fue en una terminal administrada por el gobierno nacional, mientras que la carga en Río Cullen involucró recursos provinciales.
La investigación también se centra en la Ley Provincial 852, conocida como Ley Gaucho Rivero, que regula las operaciones de buques con intereses británicos en el Atlántico Sur. La apertura del expediente no implica que esta norma haya sido infringida, pero la Fiscalía ha solicitado que el servicio jurídico de la Gobernación explique los criterios aplicados en este caso.
Fuente: NA
