El presupuesto destinado a las rutas nacionales ha caído a su nivel más bajo en treinta años, con una asignación de aproximadamente $563.000 millones para 2026. Esta cifra representa una disminución del 79% en términos reales en comparación con 2023, mientras que algunas provincias enfrentan recortes de hasta 85% en el gasto vial en solo dos años.
Este recorte se produce en un contexto de creciente deterioro de la infraestructura vial, donde casi seis de cada diez kilómetros están en condición mala o regular, según la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Este registro es el más bajo desde al menos 1995, según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Natán Spollansky, integrante de Justicia Distributiva de ACIJ, señaló que los datos muestran que «estamos en los registros más bajos desde 1995». Al analizar los datos de gasto, se observa que Vialidad ejecutó casi $4,3 billones en 2016, mientras que en 2023 la cifra se redujo a $2,7 billones.
En 2024, el gasto se proyecta en $811.000 millones y $783.000 millones para 2025, lo que indica un notable descenso para 2026, con solo $563.000 millones disponibles. La reducción también afecta el programa de Mantenimiento en Rutas Nacionales, que se ha visto disminuido en un 70% desde 2023.
Desigualdad en el Gasto Provincial
Los recortes no han sido uniformes entre las provincias. Buenos Aires y Chubut registran caídas de gasto cercanas al 85%, seguidas por Chaco (-83%), Formosa (-77%), Santa Fe (-73%) y Córdoba (-72%). En Buenos Aires, el presupuesto real de Vialidad pasó de $468.500 millones en 2023 a $70.200 millones en 2025.
El ajuste también se refleja en los proyectos asignados. De los 179 proyectos que tenían partidas para 2026, 112 permanecen con un crédito de solo $1 o están completamente vacíos. Además, hasta julio de este año, Vialidad había ejecutado solo el 32,6% de su presupuesto vigente.
Consecuencias en la Infraestructura y Seguridad Vial
El deterioro de la red vial se ha traducido en un incremento de accidentes. En un análisis de 22 siniestros graves ocurridos en rutas nacionales durante junio y julio, se determinó que 11 de ellos sucedieron en tramos identificados como en mal estado. Aunque los siniestros son multicausales, la información sugiere una correlación entre el estado de las rutas y la seguridad vial.
El gobierno ha decidido adoptar un nuevo enfoque respecto a la infraestructura vial, impulsando la participación del sector privado en el mantenimiento y conservación de las rutas. Recientemente, se adjudicaron 9000 kilómetros de corredores nacionales a través de concesiones de veinte años, delegando en empresas privadas las tareas de conservación.
El traspaso de ferrocarriles y rutas nacionales a las provincias, como el que se realizará con Río Negro, refleja un cambio estructural en la gestión de la infraestructura vial. Mientras el presupuesto para rutas nacionales alcanza su mínimo histórico, el gobierno nacional se aleja de la intervención directa, delegando mayor responsabilidad a los concesionarios privados y a los gobiernos provinciales.
Fuente: La Nación
