La localidad de Ingram, Texas, con una población aproximada de 1900 habitantes, ha experimentado un notable descenso demográfico tras la implementación del programa de cooperación policial 287(g) en octubre de 2025. Esta colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha resultado en la entrega de un 10% de su población a las autoridades migratorias en menos de un año.
Según una investigación realizada por ProPublica y The New York Times Magazine, la policía local registró hasta agosto de 2026 un total de 194 incidentes relacionados con la inmigración. Este incremento en los controles vehiculares ha provocado no solo separaciones familiares, sino también un impacto significativo en la economía local, afectando negocios y la fuerza laboral.
Las Consecuencias del Acuerdo con ICE
Dustin Breshears, jefe del departamento de policía de Ingram, afirmó que si bien se han realizado múltiples entregas a ICE, no se pudo confirmar cuántas de ellas resultaron en deportaciones. Este aspecto es crucial ya que muchos de los trabajadores que circulan por Ingram provienen de localidades cercanas, lo que aumenta la incertidumbre sobre el futuro de la comunidad.
El Perfil Demográfico de Ingram
Los latinos constituyen aproximadamente el 45% de la población de Ingram. La implementación del programa 287(g) ha llevado a un cambio en la dinámica social, con un notable aumento en los controles de tránsito. En dos meses, los agentes de policía locales realizaron más intervenciones vehiculares que en todo el año anterior.
Impacto en las Familias y Negocios Locales
Los efectos de esta política se han hecho evidentes en la vida diaria de los residentes. Un caso destacado fue el de Ulices Macias, quien fue detenido por la policía y entregado a ICE, dejando a su familia en una situación de vulnerabilidad económica. Esto ha llevado a que algunos trabajadores modifiquen sus rutas diarias, sumando hasta 90 minutos adicionales a sus desplazamientos para evitar controles.
Los negocios también han sentido la presión: el restaurante Los Altos de Jalisco reportó una drástica disminución en los pedidos, que pasaron de 200 a 50 diarios. Norma Luján, empresaria del sector limpieza, mencionó que su equipo se redujo de 30 a menos de diez trabajadores debido a detenciones y el miedo a circular por Ingram.
A pesar de los efectos adversos, Breshears y Alexander, otro oficial involucrado, han negado que sus operativos estén dirigidos específicamente a conductores por su origen latino. La situación en Ingram continúa desarrollándose, y las comunidades locales enfrentan un futuro incierto en medio de esta crisis.
Fuente: La Nación
