Durante una reciente reunión en la Cámara de Diputados, representantes del sector Fintech presentaron sus puntos de vista sobre el creciente endeudamiento de las familias argentinas. Los oradores, invitados por el oficialismo, buscaron relativizar la morosidad y expusieron las estrategias que están implementando para abordar esta problemática.
En la comisión de Finanzas, el gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Francisco Gismondi, argumentó que no es necesaria una nueva ley para tratar la morosidad. Según Gismondi, el sector ya está manejando el problema de manera privada y en función de cada caso, a través de refinanciaciones. “No hace falta una ley porque los bancos ya resolvieron 500.000 refinanciaciones”, afirmó, advirtiendo sobre los riesgos que implicaría una intervención estatal en contratos privados.
La Directora Ejecutiva de la Cámara de Medios de Pago, Luciana Ríos, reconoció la legitimidad de la preocupación sobre la morosidad y comentó que no existe una única solución. Destacó la importancia de la educación financiera y la transparencia en la relación con los clientes como parte de las estrategias de refinanciamiento que están implementando.
Por otro lado, el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Fintech, Mariano Biocca, señaló que el perfil de los usuarios de billeteras virtuales no corresponde a inversores sofisticados, sino a pequeños ahorristas que buscan protegerse de la inflación. Biocca también mencionó que aproximadamente 5 millones de personas tienen algún grado de irregularidad en el sistema, aunque los créditos de billeteras representan solo el 16% del total.
El director de la Cámara de Emisores Regionales de Tarjetas de Crédito y Consumo No Bancarios (CERTACYC), Norberto Echegoyen, contrapuso la conducta de las entidades reguladas con la de los prestamistas informales. Echegoyen admitió que el aumento del crédito ha traído consigo un incremento de la morosidad, pero también enfatizó que los procesos judiciales no son una solución efectiva ante el incumplimiento de pagos.
Desde la oposición, la diputada nacional de Unión por la Patria, Kelly Olmos, adoptó una postura crítica, subrayando la necesidad de una regulación estatal. Olmos argumentó que el aumento de la morosidad, que afecta a cerca de 6 millones de personas, exige medidas más contundentes que simples acuerdos privados. “No alcanza con la buena voluntad”, afirmó, señalando que la intervención política es crucial para evitar que la usura se disfraze de formalidad.
La reunión dejó en evidencia las tensiones entre las entidades financieras y las necesidades de los consumidores, en un contexto donde la morosidad y el acceso al crédito son temas de creciente relevancia.
Fuente: NA
