Un reciente fallo del Tribunal del Trabajo N° 5 de Lomas de Zamora ha marcado un hito en el ámbito de las indemnizaciones laborales, al reducir a la mitad una cifra inicialmente desproporcionada de indemnización por despido. Esta decisión, que afecta a una pequeña empresa de seguridad, responde a la necesidad de controlar el desborde económico causado por fórmulas de cálculo que, descontextualizadas, pueden llevar a resultados insostenibles.
El caso se originó tras el despido indirecto de un vigilador privado, cuya indemnización inicial en 2019 era de $818.648. Sin embargo, debido a la aplicación de mecanismos de indexación automáticos, la cifra había escalado a un total de $46,6 millones. Las juezas del tribunal, María Florencia Farina, Carina Gómez Ansede y Adriana Huguenin, utilizaron su capacidad para moderar cifras en función de la doctrina “Barrios, Héctor Francisco c/Las Nieves S.A.”, permitiendo ajustes cuando las fórmulas aplicadas resultan en un descalabro patrimonial.
El tribunal concluyó que el resarcimiento laboral debe ser un medio para reparar el daño sufrido por el trabajador, pero no puede convertirse en un incentivo para la destrucción de empleos ni en una confiscación encubierta de las empresas. En su justificación, la jueza Farina señaló que la aplicación literal de los parámetros de la ley de modernización laboral había llevado a un resultado manifiestamente desproporcionado e irrazonable.
El fallo ha fijado el monto definitivo de la indemnización en $23,3 millones, una cifra más acorde con la realidad económica y que busca equilibrar los derechos de los trabajadores con la sostenibilidad de las empresas. La decisión se presenta como un importante precedente para el futuro de la producción en Argentina, enviando un mensaje claro a los magistrados: la equidad y la sustentabilidad del empleo deben prevalecer sobre los automatismos de cálculo que pueden asfixiar a las pequeñas y medianas empresas.
Este enfoque equilibrado es crucial en un contexto donde la incertidumbre jurídica ha sido un disuasor para la contratación formal. La justicia laboral debe actuar como un garante de equilibrios, evitando que se convierta en una tómbola financiera y asegurando que las normativas favorezcan un entorno de inversión y generación de empleo genuino en el país.
Fuente: La Nación
