La semana pasada, las autoridades judiciales dieron un paso significativo en la investigación de una organización criminal que pretendía robar un banco en San Isidro, mediante la construcción de un túnel. En este contexto, dos ciudadanos uruguayos fueron condenados a tres años y medio de prisión por su participación como «mano de obra» en el proyecto delictivo.
Los condenados, Alan Lorenzo Rodríguez, de 36 años, y César Cazenave Peña, de 49, fueron hallados culpables de robo agravado en grado de tentativa por la jueza María Coelho, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7. Esta sentencia fue el resultado de un juicio abreviado acordado entre la fiscal Carolina Asprella y las defensas de los acusados.
La jueza Coelho también dispuso que los condenados podrían ser expulsados de Argentina una vez cumplida la mitad de su pena, en caso de no tener otros cargos pendientes. Esta figura legal busca facilitar la deportación de extranjeros que han cometido delitos en el país.
Eduardo Ripa, presunto líder de la banda y empresario de 60 años, fue detenido recientemente en una serie de allanamientos realizados por la Policía Federal Argentina. Junto a él, fue arrestado su hijo, Christian Ripa, y un ciudadano uruguayo más, Alejandro Quiroga de los Santos. La organización, que también había planificado un robo en la ciudad de Chivilcoy, se vio frustrada tras un error cometido durante la excavación del túnel, que fue descubierto por un empleado de un local cercano al banco.
La investigación, liderada por el fiscal Patricio Ferrari, comenzó tras una denuncia anónima que puso al descubierto la estructura de la banda, revelando su intención de llevar a cabo el robo en San Isidro y, posteriormente, en Chivilcoy. Según la información obtenida, la banda contaba con una logística compleja, incluyendo la colaboración de un efectivo policial que les proporcionaba información clave.
A pesar de la detención de varios miembros, las autoridades continúan la búsqueda de otros implicados en la organización, que se dedicaba a cometer robos de alto impacto en distintas entidades bancarias.
Fuente: La Nación
