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18 noviembre 2026, 9:55 am

Agostina Páez enfrenta un obstáculo legal: La fiscalía de Río de Janeiro rechaza acuerdo de no persecución

En las últimas etapas del juicio por injuria racial que enfrenta la abogada Agostina Páez, el Ministerio Público del estado de Río de Janeiro (MPRJ) ha decidido no ofrecer un acuerdo de no persecución penal (ANPP). Esta alternativa le habría permitido cerrar el caso sin condena ni antecedentes, bajo ciertas condiciones como la realización de tareas comunitarias o el pago de una sanción económica.

El MPRJ argumentó que, dada la naturaleza de las ofensas raciales que se le imputan a Páez, no existe posibilidad de acuerdo. En un comunicado, la fiscalía destacó que la gravedad de los hechos y la suma de las penas potenciales impidieron la celebración del acuerdo.

Agostina Páez, acusada de proferir insultos racistas durante una discusión en un bar de Ipanema, aguarda ahora la sentencia del juez Carlos Márcio da Costa. La causa se encuentra en la fase de alegatos finales, pero aún no hay una fecha establecida para el fallo.

Detalles del incidente y el proceso judicial

El hecho que llevó a la acusación ocurrió el 14 de enero, cuando Páez discutió con empleados del bar por el precio de la cuenta. Se le imputa haber utilizado términos racistas y gestos ofensivos durante la confrontación, lo que fue registrado en un video que se volvió viral en redes sociales.

Inicialmente, la Justicia aceptó la denuncia y dictó prisión preventiva, pero luego fue liberada bajo medidas cautelares. A pesar de haber solicitado disculpas públicamente, la situación legal de Páez ha continuado complicándose.

La postura de la defensa y la fiscalía

La defensa de Páez, liderada por la abogada brasileña Carla Junqueira, argumenta que la decisión de la fiscalía no es vinculante para el juez y que la acusada debería ser absuelta. Por su parte, el MPRJ ha subrayado la gravedad de las ofensas y la falta de arrepentimiento por parte de la acusada como razones para rechazar el acuerdo.

Los abogados que representan a las víctimas han solicitado una condena adecuada a la magnitud de las ofensas sufridas. En sus alegatos, el MPRJ ha solicitado que los hechos sean considerados como un “delito continuado”, lo que podría resultar en una pena de dos a seis años de reclusión.

Implicaciones legales y futuras acciones

La decisión del juez sobre la pena será crucial, ya que, si se establece un plazo inferior a cuatro años, la legislación brasileña permitiría penas alternativas, como trabajo comunitario. Sin embargo, si la pena es mayor, Páez podría enfrentar un régimen de semiabierto, dificultando su cumplimiento desde Argentina.

La sentencia que se emita podrá ser apelada por cualquiera de las partes, lo que podría prolongar el proceso legal y el eventual cumplimiento de la pena.

Fuente: La Nación

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